Recientemente se ha celebrado el VI Foro de la fundación Laboral San Prudencia en Gasteiz. Allí, el Director del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, Leodegario Fernández admitió que algunas empresas “prefieren pagar los 30.000 euros aplicados a las faltas graves a afrontar planes de seguridad cuya aplicación puede suponer más de un millón”.
El subdirector general de la Inspección de Trabajo, Ángel Luis Sánchez Iglesias afirmó que bastantes empresas «han considerado erróneamente que la gestión de la prevención consiste en la contratación de una entidad especializada que realice los informes legalmente exigibles». A partir de ahí, añadió, «han estimado que su obligación se reduce a tener a disposición de la Inspección la evaluación de riesgos». Todo ello ha originado, a juicio del responsable del instituto estatal de seguridad laboral, que «la prevención no ha sido asumida por los empresarios».
Por otra parte, el punto de vista de los sindicatos lo puso el responsable de Salud Laboral de ELA, Íñigo Sagarna, el cuál expresó sus dudas sobre la última reforma ya que para él “lo ocurrido con la prevención es la consecuencia de una ley copiada de países con gran experiencia en esa materia, que no encaja con la cultura preventiva existente en las empresas de aquí”. Añadió que “mientras las empleadores consideren la prevención como un coste, no habrá un cambio de signo en su aplicación efectiva”.
